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El carácter público de vías y riberas peligra por la apatía política y la codicia de algunos terratenientes.

“Una vez no es ya que no nos dejaran pasar por un camino rural: es que nos soltaron un toro bravo”, cuenta Magdalena Martín. Ella y otros miembros de la llamada Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos –entre ellos su presidente, José Manuel Flores– se reunieron ayer en la Casa de la Provincia con la delegada de Cohesión Territorial de la Diputación, Trinidad Argota, para presentar la celebración en Constantina, los días 1, 2 y 3 de noviembre, de unas nuevas jornadas en defensa de estas rutas antiquísimas. Eran las únicas que había antes de las grandes carreteras, y llevan implícitas una noticia buena y otra mala: la buena es que pertenecen a todos los españoles, sin necesidad de pagar peajes ni pedir permisos para transitar por ellas; la mala, que a ver quién se atreve, porque entre los propietarios de las tierras colindantes se está extendiendo la costumbre de vallarlos, esconderlos, soltarles perros o desdibujarlos, para que acaben siendo suyos a fuerza de desuso, olvido y hechos consumados.

Son tantos y tan extensos dichos caminos que, si hubiera que repartirlos entre todos los españoles, a cada uno le corresponderían más de veinte metros. Superan el millón de kilómetros por todo el país. De hecho, la Diputación de Sevilla ha logrado rescatar 159 kilómetros de estas vías, y eso tan solo es una mínima parte de todo lo que anda escondido detrás de las cancelas, al otro lado de las alambradas, removido por los arados o debajo de los matorrales. Salvo honrosas excepciones de algún pueblo que se lo toma en serio, no hay inventarios municipales; el 80% de los municipios carece de él, según Flores, y cada vez que la plataforma logra recuperar alguno de estos caminos es por lo general tras una larga y fatigosa tarea de meses o de años hablando con propietarios, alcaldes, agentes de la ley… “Los alicates no sirven para nada”, reconoce José Manuel Flores, haciendo alusión a la apertura por la fuerza de las cercas que impiden acceder a estas sendas públicas; “son las administraciones las que tienen la potestad y la obligación de hacerlo. Y a muchos alcaldes lo único que les ha interesado hasta ahora ha sido el ladrillo”.

Como ejemplo de esta dificultad, el presidente de la plataforma comentó lo que les pasó cuando se les ocurrió acudir hace dos años al camino que une Grazalema y Benamahoma, en Cádiz. “Fue la única vez que sentí miedo. Yo soy bastante arrojado y me atrevo con todo, pero aquello me dio auténtico miedo”, dijo. Habían ido para reclamar su restitución como bien común, y se encontraron con “un destacamento de la Guardia Civil; tras ellos, a catorce guardas jurados que tenía el dueño allí, armados, y al hombre aquel diciendo: «Si entran, tirad a matar». Así”. Huelga decir que no entraron.

Con los ríos sucede igual: en teoría, a los costados de todos los ríos españoles debe haber un mínimo de cinco metros de ribera de carácter público, como servidumbres de paso. Pues a ver quién los encuentra. “Nos estamos transformando en máquinas”, lamentaba Flores. “Ante un cierre ilegal, que nadie se dé la vuelta. Que se denuncie. Es un patrimonio que hay que poner a disposición de los ciudadanos.”

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos ha llegado a reunir a 2.000 personas en sus acciones de defensa de estas rutas. A veces, les ha salido bien. Otras, como comentaba Margarita Martín, no tanto: “El 18 de diciembre de 2004 fuimos a recorrer el camino de Sevilla desde El Castillo de las Guardas, y la propietaria de los terrenos colindantes nos soltó un toro bravo. Una amiga de las que venían salió corriendo dejando atrás a todo el mundo, y diciendo: “He perdido el sentido maternal.” Yo me tiré por debajo de una valla electrificada y no noté ni el calambrazo. Otro se subió a un pino, y a otros tres les dio el toro un revolcón que acabaron los pobres con moratones por las piernas y contusiones diversas. Denunciamos, y a ella la multaron con una cantidad insignificante. No pasó nada de nada. Y podía haber muerto gente.”

Magdalena, que es presidenta de la asociación Amigos de los Caminos, recordaba ayer la tarea acometida. “Son ya siete años luchando, denunciando a los que se apropian de lo público. A los que se creen que nos vamos a cansar de luchar por el derecho al libre paso por los caminos públicos. A los que no tienen escrúpulos y con sus cancelas nos prohíben disfrutar de la naturaleza, verla, oírla, olerla, andar…”

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Trinidad Argota, matizó la queja general contra la dejadez de las administraciones públicas en este asunto al afirmar que la Diputación hace lo que puede para el poco dinero que maneja, como haber recuperado más de cien caminos en la provincia de Sevilla.

Noticia Original: Diario El Correo de Andalucia

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