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La Fiscalía Anticorrupción investiga en estos momentos los favores realizados por el ex secretario general del PP Serafín Castellano al empresario Vicente Huerta en los contratos públicos por importe de 33 millones de euros que le adjudicó siendo conseller de Gobernación.

El actual delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana consintió al dueño de la empresa contraincendios Avialsa, que tal y como reveló EL MUNDO le regaló un rifle semiautomático de 1.800 euros y numerosas cacerías, que cambiase el tipo de aviones con los que le adjudicó el millonario concurso para la extinción de incendios. Pero también le autorizó gastos extra que no estaban incluidos en los pliegos de licitación y llegó a congelar denuncias contra él.

El Ministerio Público examina la denuncia interpuesta por el ex gerente de Avialsa, en la que, además de los regalos otorgados por Huerta a Castellano, entre los que se encuentran todos los relacionados con las cacerías de patos y perdices que compartían, detalla las gestiones realizadas por el ex conseller para favorecer a su íntimo amigo Huerta.

Entre ellos destaca el cambio del tipo de aviones que ofertó Avialsa para conseguir el contrato de extinción de incendios en la Comunidad Valenciana. Según precisa Francisco Alandí, quien fuera mano derecha de Huerta, Avialsa se hizo con el contrato público ofreciendo «4 aviones Air Tractor 502 de turbina que, después de presentarlos en la oferta del concurso público, no llegaron a España». Una circunstancia que debía llevar aparejada «las consecuentes penalizaciones contractuales».

Sin embargo, «Avialsa solicitó el cambio de dichos aviones por otros» y la Conselleria de Gobernación «aceptó» y puso en marcha una serie de «modificaciones contractuales» que firmaron los propios Castellano y Huerta el 27 de agosto de 2008 y el 30 de diciembre de 2009. «En estas modificaciones contractuales por cambio de aviones en 2008 y 2009, Avialsa presentó entre los aviones sustitutos a 4 Dromader», precisa Alandí, representando por el letrado José Antonio Choclán. Estos aparatos «incumplían el pliego ya adjudicado de prescripciones técnicas, puesto que no cumplían sus requerimientos, entre ellos, el de carga al despegue».

«Por lo tanto», prosigue la denuncia, «se realizó una modificación contractual con incumplimiento del pliego de licitación, sin penalización alguna hacia Avialsa y sin proceder a una nueva licitación, que ante el incumplimiento sí podría haberse practicado por el procedimiento de urgencia de forma justificada». Pero estas no fueron, a juicio del ex gerente de Avialsa, las únicas irregularidades cometidas.

«El presupuesto anual del contrato se dividía en diferentes partidas: disponibilidad por avión/día y periodo de contratación por tipo de avión, precio de hora de vuelo/avión, mantenimiento de las bases, retardante y espuma, etc». «Es decir, había un precio estipulado para cada una de estas partidas, que podían llegar a no gastarse en función de las horas de vuelo de cada año, producto retardante lanzado con agua por los aviones, el mantenimiento realizado en las bases de incendios, etc».

De esta manera, explica Alandí, «para intentar gastar todo el presupuesto y que la empresa Avialsa facturara el máximo posible en cada anualidad se realizaron operaciones que el pliego de adjudicación no contemplaba». Es el caso de la «ampliación de periodos de actividad de aviones en invierno (si el contrato estipulaba como periodo de contratación de un determinado tipo de avión del uno de julio al 30 de septiembre, se ampliaba hasta finales de año y así se facturaba más partida presupuestaria que la fijada en el pliego)». O la «contratación de aviones extra sin que lo contemplara el pliego (si el pliego contrataba, por ejemplo, un total de 11 aviones, en algunos incendios forestales llegaban a trabajar de 2 a 4 aviones más de los contratados en el concurso».

Asimismo, el ex directivo de Huerta recuerda que llegó a denunciar formalmente ante el propio Castellano el 22 de octubre de 2013 quela Fundación Huerta, propiedad del dueño de Avialsa, estaba abonando gastos personales de su propietario con facturas falsas. Puso en conocimiento del alto cargo del PP estos hechos ya que el Protectorado de Fundaciones dependía de la conselleria que dirigía entonces Castellano. Pese a que Alandí le instó a que diera traslado a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria de los posibles delitos cometidos, «no se abrió ninguna investigación, quedando silenciados los hechos». Curiosamente la Fundación Huerta fue la que abonó el rifle de Castellano.

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