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En torno a 300 agentes forestales y facultativos medioambientales se han manifestado en Santiago para advertir a la Xunta del «enorme error» que supone su «degradación» profesional, lo que aseguran que ocurrirá si la ley de empleo público sale adelante tal y como fue aprobada por el Gobierno gallego en su reunión semanal, el pasado jueves.

Aunque los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF y CIG y la asociación que representa a este colectivo, conformado por unos 540 trabajadores en toda la comunidad, denuncian el «oscurantismo» con el que la Consellería de Facenda ha elaborado la norma, sí son conocedores de su intención de derogar la ley del año 2000 por la que se creó la escala de agentes facultativos medioambientales, por reuniones que han mantenido con responsables de Medio Rural y de Medio Ambiente.

Además, en un último encuentro celebrado este mismo martes con la titular de Medio Rural, Rosa Quintana, e integrantes del equipo de la conselleira Ethel Vázquez, estos comunicaron que:
  •  la ley de empleo público que en breve comenzará su trámite parlamentario también crea un nuevo grupo B, «pero muy limitado, sin plazos» y también con la ausencia de un compromiso al respecto de que los 500 agentes facultativos medioambientales existentes, englobados en el grupo C, pasarán a formar parte del mismo -los otros 40 son agentes forestales, actualmente en el grupo C2, y que reivindican pasar al C1-.
  • Los agentes facultativos medioambientales accedieron en su día a través de una oposición y previa obtención del título de capataz forestal, que les habilita como técnico superior. Asimismo, promocionaron internamente y fueron sometidos a diversas pruebas. Lo que critican es que ahora, con la derogación de su escala, «se rebaja» su titulación hasta el grado medio.
Esta circunstancia tiene dos consecuencias, según avisan:
  •  una para los profesionales que ya desarrollan tareas como la investigación de incendios y la certificación de subvenciones, que verán «cuestionada» la capacidad para realizar estas labores, lo que les genera «inseguridad jurídica»; y otra para los alumnos que se forman en las escuelas especializadas en los actuales ciclos superiores, ya que «los dos años no les sirven para nada», si su interés es opositora para acceder a agentes forestales o medioambientales.
Marcha por el barrio compostelano de San Lázaro

Después de la asamblea celebrada el pasado 27 de noviembre en San Caetano, este jueves el colectivo ha marchado desde el barrio compostelano de San Lázaro, donde se hallan las sedes de Medio Ambiente y Montes, hasta el complejo administrativo principal de la Xunta, tras una pancarta con el lema «No a la derogación de la ley de agentes facultativos medioambientales».

Coreando consignas como:
  •  «no, no, no a la derogación» y «escucha, PP, queremos grupo B», y haciendo sonar silbatos y bocinas, los participantes en la movilización han contado con el respaldo de estudiantes, que incorporaron su propio cartelón, con la frase: «con la rebaja de categoría, quedamos sin salida».
El presidente de Aprafoga (asociación profesional de agentes forestales y medioambientales de Galicia), Xosé Bieito, que:
  •  ha cargado contra este «ataque» como el «mayor» sufrido en la historia de este colectivo, ha apelado a las gestiones que, según sostiene, la conselleira Rosa Quintana les prometió con la titular de Facenda para tratar de modificar el texto de la ley.
También ha señalado a las reuniones que:
  •  mantendrán con los grupos parlamentarios, de modo que finalmente se puedan introducir enmiendas en la Cámara y que su calificación se establezca dentro del «marco legal establecido» en el ámbito estatal, por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y por lo que determina la propia Xunta a través de un decreto de la Consellería de Educación.
Críticas de los sindicatos

Por parte de UGT, Mónica Ramos ha calificado de:
  •  «insólita» la pretensión del Ejecutivo autonómico, al aseverar que no pueden «estar de acuerdo» con que se ejecute esta «auténtica degradación».
Alejandro Rodríguez, de CC.OO., ha lamentado:
  •  el trato que les dispensa la Administración gallega. «No parecemos personal de la propia consellería», ha reprochado, en alusión a una reclamación que tiene «años» y por la falta de medios, entre otros aspectos.
Mientras, en representación de CSIF, Roberto González:
  •  ha alertado de posibles consecuencias en juicios, por verse «comprometidos» los agentes facultativos medioambientales en el desarrollo de sus funciones y darse la posibilidad de que los abogados de la defensa reprueben su actuación en la elaboración de atestados, por ejemplo.
Por último, la portavoz de la CIG, Celtia Burgos, ha apuntado que:
  •  este movimiento se produce, «casualmente», en un momento en el que «empresas privadas asumen direcciones técnicas» en cuestiones como las quemas, y «casualmente» también cuando se produce una «centralización» de competencias y su asunción por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
  • «Este es un servicio público para los ciudadanos, y cuantos más medios se introducen, más descoordinado resulta», ha avisado.
Fuente:EUROPA PRESS

Foto:SANDRA ALONSO

Redacción del Articulo original:SANDRA ALONSO

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