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La Junta de Andalucía lleva desde finales de la pasada década filtrando las actas presentadas por sus agentes de medio ambiente sobre pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional Doñana, de modo que al final es un cargo político de dirección quien decide si los hechos denunciados tienen suficiente relevancia administrativa o penal para ser tramitados... o acaban directamente en la papelera.

En concreto, la Consejería andaluza de Medio Ambiente alteró hace casi seis años el sistema de presentación de las denuncias administrativas, impidiendo así que pudiera quedar rastro alguno en el registro de entrada de la Administración autonómica de muchas delas actas de inspección efectuadas a pie de campo por los agentes medioambientales durante su labor diaria de control y defensa in situ del entorno natural.

La orden la dio el 5 de marzo de 2009 Juan Manuel López Pérez, antiguo delegado provincial socialista de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en Huelva, mediante una instrucción interna en la que ordenaba que las denuncias se presentasen «mediante comunicación interior» al coordinador provincial del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, «desterrando por tanto la práctica de su presentación directa en el registro o base de datos en el Departamento de Informes y Sanciones».

«El coordinador, tras un primer y somero examen, las remitirá a la Secretaría General a fin de valorar la importancia y gravedad de los hechos denunciados y determinar, por lo tanto, la necesariedad [sic] y oportunidad de acordar la apertura de un procedimiento sancionador, descartando por tanto aquellas denuncias de las que no se desprenda infracción de acuerdo con la normativa especializada», instruyó el alto cargo andaluz, sin que quede del todo claro si quien tiene legitimidad para descartar es el coordinador o el secretario general de la Delegación.

La justificación esgrimida por López Pérez para rechazar el registro de todas las denuncias no fue política, sino funcional. Concretamente, en su instrucción apeló al «notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores» que se iniciaban y a la necesidad de un «esfuerzo de coordinación de los intervinientes [en el procedimiento administrativo sancionador] y de unificación de criterios, a fin de optimizar los escasos recursos humanos disponibles». Pero lo que consolidó el delegado de la Junta es un sistema mucho más opaco que, de hecho, ha llegado a ser denunciado internamente por los sindicatos.

CSIF exigió en febrero de 2013 a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva que restablecieran «el orden jurídico» revocando la resolución por la que quedaba «vedado» el registro general de la Delegación Provincial para unos agentes a los que, «como policía judicial genérica», les compete llevar a cabo una labor que «colisiona frontalmente» con este tipo de instrucciones, «verbales o escritas», que permiten a fin de cuentas un control político totalsobre las actas de denuncia presentadas, incluidas las que recogen indicios penales.

El filtrado de la Junta avala en parte las palabras del titular de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, quien ha asegurado a EL MUNDO que hasta 2011 no abrió diligencias por pozos ilegales en el entorno de Doñana porque desde la Delegación Provincial de la Junta no se le trasladaron ninguna de las actas levantadas por los agentes, dando por ello el Ministerio Público por hecho que el uso de los recursos hídricos debía de contar con alguna autorización o soporte legal.

De entrada, Flores no censura las polémicas instrucciones internas de la Junta. «Que por razones de eficiencia y velocidad las actas se tengan que presentar directamente al coordinador provincial no es en sí un problema, entre otras razones porque el agente siempre se puede guardar una copia del acta y, si ve que sus denuncias no prosperan, puede comunicarlo internamente a la Fiscalía, que nosotros preguntaremos qué es lo que ha hecho exactamente con ellas la Consejería», garantiza el fiscal de Medio Ambiente.

Segunda instrucción para blindarse

La polémica filtración de las actas de denuncia ordenada internamente por la Junta de Andalucía a partir de 2009 se reforzó tres años más tarde. En concreto, el 4 de mayo de 2012 la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva terminó de blindarse ante la práctica del registro directo de las denuncias por los agentes con una segunda instrucción -arriba reproducida- que determina, en su apartado cuarto, que «la documentación que se intercambie entre cualquiera de los servicios de la Delegación no debe registrarse ni de entrada ni de salida, ya que se trata de un flujo de información interno». En este caso, la instrucción no la firma el delegado provincial de la Junta, sino la secretaria general de este departamento de la Administración andaluza.

Fuente:El Mundo

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