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La Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha dictado una instrucción ordenando al cuerpo de agentes de medio ambiente, cerca de 900 empleados públicos distribuidos por todo el territorio autonómico, un uso «restringido» de sus vehículos oficiales. Se trata de una norma de carácter interno que persigue «la racionalización y adecuada utilización» de estos coches, básicos para el trabajo sobre el terreno. Y se ha hecho con la finalidad de «evitar prácticas inadecuadas» por parte de este gran cuerpo de empleados públicos en Andalucía.

Según el texto de esta circular interna, firmada en febrero de este mismo año, se insta a los agentes de medio ambiente a que estacionen los vehículos oficiales de la Consejería «durante los periodos de inactividad laboral» en las instalaciones autonómicas que sirven de sede para estos trabajadores «en aquellas localidades en las que existan instalaciones que permitan el estacionamiento de vehículos oficiales con unas mínimas garantías de seguridad». Se refiere específicamente a las sedes de las delegaciones territoriales, Centros de Defensa Forestal (Cedefo), oficinas de espacios protegidos u otras dependencias administrativas. Y remarca que es necesario evitar «su estacionamiento en las proximidades del domicilio particular de los propios trabajadores» salvo situaciones de «justificada naturaleza», como por ejemplo la disponibilidad nocturna.

La Consejería de Medio Ambiente pretende evitar de este modo el uso injustificado de vehículos oficiales para el traslado de los funcionarios entre su vivienda y el centro de trabajo o el uso particular de los mismos. Se desprende de las anteriores órdenes, pero también de la que sigue: «El desplazamiento de los vehículos, salvo autorización expresa, queda restringido al ámbito de la Unidad Biogeográfica», esto es, el espacio asignado a los grupo de agentes medioambientales.

Actualmente, esta norma era mucho más laxa pese a que cada vehículo cuenta con un libro de registro en el que se deben reflejar, de forma diaria, los servicios realizados por cada agente, los kilometrajes, los repostajes de combustible o el conductor que hace uso del vehículo. Este libro permitiría, en primera instancia, tener un control exhaustivo de la utilización de los coches oficiales y, en su caso, observar consumos injustificados que pudieran hacer sospechar de un mal uso de los mismos.

La instrucción de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio venía aplicándose de facto en otras provincias, en las que las directrices internas obligaban a los agentes a mantener los vehículos oficiales estacionados en sus sedes de trabajo durante las horas en las que no estuvieran de servicio. Sin embargo, en Almería se habían dado quejas internas de mala utilización de estos vehículos oficiales y del gasto derivado del mismo, que abonaba la Consejería no tan solo en mantenimiento de los mismos sino también en consumos de gasolina no achacables a la tarea productiva del agente.

La Junta de Andalucía había tomado medidas de austeridad en la utilización de vehículos oficiales en el caso de los altos cargos autonómicos -por ejemplo, los delegados, que dejaron de tener asignado un vehículo oficial de uso propio para contar con un reducido parque móvil compartido-. Sin embargo, las medidas de austeridad se implementan ahora a usos poco justificados o ajenos a la tarea netamente profesional en el caso del resto de empleados públicos, al menos en el caso de la Consejería de Medio Ambiente.

IU dio a conocer, la pasada legislatura, que la Consejería de Medio Ambiente cuenta con un gran parque de vehículos del que la motor parte cuenta con más de 15 años de vida y hasta 300.000 kilómetros. El sector de agentes forestales andaluces ya había puesto en conocimiento de la Consejería estas carencias. Medio Ambiente cuenta este año con una partida de un millón de euros para la adquisición de 60 nuevos vehículos a motor que vendrían a sustituir a aquellas unidades más obsoletas del parque móvil autonómico. Desde hace meses, los agentes cuentan con topes oficiosos de consumo de combustible para el ejercicio de su actividad que, de facto, no se cumplirían.

Fuente:ideal.es

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