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Casi tres infracciones al día. Ese es el resultado del trabajo realizado por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y del Seprona (Guardia Civil) que, con ligeras variaciones a la baja y al alza, detectan cada año alrededor de un millar de actos que atentan contra la protección al medio natural. 

Desde 2012 se han abierto 3.659 expedientes sancionadores en la provincia de Burgos, en los que caben desde incumplimientos leves como la recogida ilegal de setas o cangrejos, hasta graves perjuicios al ecosistema como grandes vertidos o talas indiscriminadas cuya reforestación tardará más de una década en recuperar el aspecto anterior.

Según datos aportados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, en este 2015 se han detectado en la provincia 642 infracciones, aunque por las denuncias recibidas hasta la fecha (aún sin el expediente abierto) se estima que a final de año se pueda llegar e incluso superar el millar.

De todas ellas, 467 se corresponden con infracciones cometidas en espacios naturales. Es decir, en montes privados o públicos en las que lo más habitual es que los agentes constaten que se han cortado árboles sin licencia, que se han arado tierras donde no está permitido (para cobrar subvenciones) o que se han realizado quemas de rastrojos sin autorización. Una práctica, esta última, que dejó de ser legal pero que algunos agricultores siguen practicando en la actualidad ante la ignorancia del cambio normativo. Se suelen resolver con la multa mínima de 100 euros ya que, por lo general, no se puede ir más allá y lograr pruebas que acrediten la mala fe.

Dentro de esta tipología de sanciones, la infracción más seria que se ha detectado en la provincia de Burgos durante este año tiene que ver con una importante tala de masa forestal realizada para que una cantera ganara espacio al monte. Una irregularidad que se ha tipificado como muy grave, ya que se estima que habrá que esperar más de diez años para recuperar la zona. Por aquello de que el expediente está sin resolver, en la Administración regional prefieren no detallar la ubicación de este daño. La normativa, eso sí, señala que se expone a una multa que puede ir de los 100.001 euros hasta el millón.

Dentro de las infracciones cometidas en los montes, que se han elevado más de un 52% de 2013 a 2014 (al pasar de 385 a 557), también se encuentran otras actividades castigadas como acampar en un lugar donde no está permitido, por la recogida de setas (muy numerosas) o por barbacoas en zonas no autorizadas.

Donde se han reducido de forma significativa los expedientes es en la caza y la pesca. Han pasado de los 466 que hubo 2012 a las 311 en 2013 y a reducirse hasta 272 en 2014.Es decir, en dos años han caído un 58%. En lo que va de 2015 suman 107, por lo que es probable que vuelvan a bajar.

En el Servicio Territorial de Medio Ambiente explican este descenso por un mayor conocimiento de las normas, una disminución del número de aficionados a la caza por la falta de relevo generacional y como consecuencia de la crisis (dificultad por pagar el coto). También la modificación del Código Penal ha hecho que cazar sin licencia tenga un castigo que, desde el cambio normativo, va más allá de una multa económica.

Las sanciones más habituales tienen que ver con cazar sin licencia o no precintar con un crotal (pendiente) a la pieza una vez que se ha cobrado. Aunque menos habituales, también se dan casos de furtivos pillados in fraganti.

El portavoz de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar, detalla que la reducción de infracciones tiene que ver con una «campaña agresiva» que se realizó hace años para castigar a quienes no colocaban los precintos. En el caso de la pesca lo atribuye al impacto de la «modificación de la Ley de Pesca, con unas sanciones brutales y con la prohibición durante dos años de ejercer la actividad».

Aunque son las menos numerosas, el tercer tipo de multas que pone la Junta contra el medio ambiente tienen que ver con aquellas acciones que generan un impacto ambiental, que dañan espacios protegidos, por la presencia de residuos en lugares indebidos o contaminaciones del suelo. Estas infracciones, que se dirigen fundamentalmente a las empresas, experimentaron un repunte al pasar de 103 en 2012 a 322 en 2013. Luego, en 2014, volvieron a descender hasta 94.

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